Además de la Supersalud, otras tres entidades harían vigilancia directa e indirecta a los actores del sistema, según una ley aprobada.
Hospitales y clínicas son los más favorecidos con la inyección de recursos.
En manos del presidente Iván Duque está sancionar una ley que le daría más dientes al Gobierno para vigilar y supervisar a las empresas promotoras de salud (EPS) y a todos los actores de este sector.
El Congreso ya hizo su tarea y aprobó el pasado miércoles una iniciativa que pondría a todas las instituciones y entidades bajo la lupa no solo de la Superintendencia de Salud, sino también de la de Sociedades, de Industria y Comercio (SIC) e incluso de la Financiera.
De acuerdo con el representante Carlos Eduardo Acosta, ponente del proyecto, con este se pretenden tres cosas “traer transparencia y claridad sobre las transacciones que se realizan entre los actores del sistema; tener sistema de control y vigilancia que se ajuste a las necesidades del siglo XXI; y, tercero, permitir la reorganización de la red de prestación de servicios, que es prácticamente darle un salvavidas a la red hospitalaria de Colombia”.
CONTROL INTEGRAL
Para lograrlo, el proyecto –que es de autoría del senador Álvaro Uribe– crea un Sistema Integrado de Control, Inspección y Vigilancia para todo el sector salud, de la cual harán parte la Superfinanciera, la SIC, la Supersociedades y la Supersalud.
La primera entidad ejercerá como asesora técnica, además que dará capacitaciones y emitirá conceptos en su materia, y cada año también tendrá que emitir un informe “sobre el desempeño de los principales indicadores financieros de estas entidades”.
En tanto, las otros tres organismos sí ejercerán inspección, vigilancia y control en cada uno de sus campos de experticia, con lo cual se aumenta la lupa que recaerá sobre las EPS, las IPS, la red hospitalaria del país y demás actores de esta rama.
Para José Luis Correa, representante por el Partido Libera, la iniciativa corrige elementos que no se estaban cumpliendo, y cita el caso de Medimás, sobre la cual no podían ejercer control ni la Supersalud, ni la Supersociedades, en lo referente a investigaciones de las empresas que compró. “Por esto, integramos a la Supersociedades para que pueda hacer vigilancia concurrente de estas empresas, que hoy no puede hacer la Supersalud. Así, la primera entidad vigilará el comportamiento accionario y corporativo, porque las EPS ya no son solamente entidades que promueven la salud o prestan servicios, sino que son ‘pulpos’ financieros”, agregó el congresista.
Este accionar comenzará a correr un año después de que el presidente Duque sancione la ley, en contraste con lo que sucederá con la Superindustria, que sí podrá ejercer inmediatamente sus nuevos controles, que hasta incluyen la posibilidad de imponerles sanciones a las EPS o IPS, “cuando se infrinjan las disposiciones de prácticas comerciales restrictivas a la competencia y competencia desleal, fusiones y obtención de control de empresas en el mercado de la salud y el abuso de posición dominante, entre otras”.
LUPA FINANCIERA
Algo similar buscaba hacer el Congreso con esta ley para que la Superfinanciera también vigilara directamente a las EPS e IPS, pero la entidad emitió un concepto negativo, cuando estableció que esto le generaría un costo fiscal al Estado.
Lo anterior, debido a que “la convergencia al régimen prudencial propia de las aseguradoras vigiladas por la Superfinanciera requeriría en el régimen contributivo un esfuerzo adicional de recursos cercanos a los $8 billones y en el régimen subsidiado del orden de $7,5 billones”.
En plata blanca, esto quiere decir que el país habría necesitado desembolsar más de $15 billones cada año, de tal modo que las empresas promotoras de salud se ajustaran a los estándares que pide la Superfinanciera. Y aunque este punto se eliminó, el Congreso dio vía libre a que el sector cuente con un sistema integral de información financiera y asistencial, de tal modo que “se acelere el flujo de recursos y la transparencia que soportan las transacciones entre los agentes del sector salud”.
Por último, la ley cambia las condiciones de los hospitales públicos, denominados como empresas sociales del Estado (ESE), ya que les da un mandato a los departamentos y municipios de reorganizar “la oferta pública de prestación de servicios de salud”.
El Gobierno tendrá seis meses para reglamentar este artículo, que inicialmente levantó polémica, ya que, según varios congresistas, el artículo pretendía abrir la puerta a una “eliminación masiva de hospitales”, lo cual no sucederá.
REGISTRO DE CONTRATACIÓN
Otro de los puntos avalados en el articulado le da la tarea al Ministerio de Salud y Protección Social de crear un portal de registro electrónico, “en el cual se deberán reportar los intercambios comerciales de prestación de servicios en salud y tecnologías en salud que defina el mismo Ministe- rio; excluyendo de ella, las que no medie contrato, como las atenciones de urgencias y similares, y aquellas, que involucren
recursos propios”. Para esto, el Gobierno tendrá que definir los estándares de la información requerida y su periodicidad de reporte. Esta, no obstante, deberá incluir la modalidad de contratación, información financiera, gastos en salud, pagos por los servicios de salud, número y tipo de prestaciones de servicios y tecnologías en salud contratadas. En todo caso, los datos allí suministrados deberán tener protección plena por parte del Minsalud y la Supersalud.
https://www.portafolio.co/economia/gobierno-tendria-mas-dientes-para-controlar-al-sector-salud-530360
