Actores del sector dejaron ver preocupación por medidas que Gobierno califica de histórica.
En el 2019 la Adres desembolsó a las EPS 4,15 billones de pesos por recobros.
Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO
A partir del 1 de marzo los llamados recobros por servicios y medicamentos que no están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (PBS) comenzarán a cubrirse de forma anticipada con recursos girados directamente a las EPS, de acuerdo con dos resoluciones del Ministerio de Salud reveladas por EL TIEMPO.
Se trata de un mecanismo de presupuestos máximos que busca erradicar un problema de flujo de recursos que bordea anualmente los 4,5 billones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales. Antes estos rubros se pagaban luego de ser prestados a través de compensaciones que giraba la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
"Los presupuestos máximos significan una de las mayores transformaciones del sistema de salud en la última década y con ellos se avanza en la integralidad en la atención de los pacientes"
“Los presupuestos máximos significan una de las mayores transformaciones del sistema de salud en la última década y con ellos se avanza en la integralidad en la atención de los pacientes”, afirmó el ministro de Salud encargado, Iván Darío González, al socializar la medida.
Los valores que se transferirán mensualmente junto con la Unidad de Pago por Capitación (UPC, la prima que paga el sistema por la atención de los afiliados) para el cubrimiento y contratación de todos los servicios y medicamentos que requieren los colombianos fueron fijados con base en un ejercicio técnico que tuvo en cuenta información histórica de los recobros, de las frecuencias de uso los servicios y tecnologías y fijando un factor de crecimiento, según explicó el Ministerio.
Un poco de historia
En realidad, esta medida es un paso más en un proceso que no es nuevo. Desde el 2008, a través de un pronunciamiento en la sentencia T-760, la Corte Constitucional había ordenado cubrir de manera progresiva todas las necesidad de los pacientes, incluidas las que están por fuera del Plan de Beneficios en Salud (antes no POS). En ese sentido, la resolución 5395 del 2013 reglamentó el pago de estos servicios a través del fondo de solidaridad y garantía del extinto Fosyga (hoy Adres) con recursos distintos de los de la UPC.
De esa forma, las EPS gestionaban ante el sistema de salud el pago de los servicios prestados y medicamentos entregados no financiados por la UPC. El problema es que estos recobros crecieron de manera acelerada desde 1997, cuando se iniciaron, hasta poner en riesgo la estabilidad del sistema. En la primera década de este siglo pasaron de $ 4 mil millones (2.000) a $ 1,5 billones (2010). Y solo en el 2019 el sistema de salud pagó más de $ 4,15 billones por este concepto. Muchos consideraban que este mecanismo era una distorsión financiera para el sistema.
En realidad, esta medida es un paso más en un proceso que no es nuevo. Desde el 2008, a través de un pronunciamiento en la sentencia T-760, la Corte Constitucional había ordenado cubrir de manera progresiva todas las necesidad de los pacientes, incluidas las que están por fuera del Plan de Beneficios en Salud (antes no POS). En ese sentido, la resolución 5395 del 2013 reglamentó el pago de estos servicios a través del fondo de solidaridad y garantía del extinto Fosyga (hoy Adres) con recursos distintos de los de la UPC.
De esa forma, las EPS gestionaban ante el sistema de salud el pago de los servicios prestados y medicamentos entregados no financiados por la UPC. El problema es que estos recobros crecieron de manera acelerada desde 1997, cuando se iniciaron, hasta poner en riesgo la estabilidad del sistema. En la primera década de este siglo pasaron de $ 4 mil millones (2.000) a $ 1,5 billones (2010). Y solo en el 2019 el sistema de salud pagó más de $ 4,15 billones por este concepto. Muchos consideraban que este mecanismo era una distorsión financiera para el sistema.
Controversia
Pero este “remedio” que presenta el Ministerio de Salud también ha causado polémica y opiniones divididas en el sector de la salud. Para Denis Silva, representante de Pacientes Colombia, se trata de una decisión regresiva en el goce del derecho a la salud en razón a que se le están entregando a las EPS 4 billones de pesos “sin control alguno y sin indicadores de salud pública que los respalde”.
"Lo bueno es que los vitales no disponibles, las compras centralizadas de medicamentos y los tratamientos para las enfermedades huérfanas serán asumidos directamente por la Adres, resaltó Silva."
Juan Gonzalo López, presidente de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia a EPS del régimen contributivo, asegura que el principal cuestionamiento a los presupuestos máximos se relaciona con la suficiencia de los recursos, pues dice que la metodología que los estableció ha sido cuestionada en el gremio.
A esto suma que se iniciaría una nueva etapa sin que hasta ahora se hayan pagado las grandes deudas que han dejado los recobros, que para el régimen contributivo serían de dos billones de pesos.
“Hoy la situación es compleja en términos de pagos y suficiencia de los recursos, factores que podrían desequilibrar fuertemente el aseguramiento. Esta medida genera incertidumbre”, dijo López.
Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud, el gremio de las EPS del régimen subsidiado, dejó ver su preocupación “porque las proyecciones de los presupuestos máximos se realizó con base en cifras del 2018, sin contar con las cifras completas del Mipres. Eso hace que los recursos destinados sean hoy de 600 mil millones de pesos para las aseguradoras del subsidiado cuando consideramos que los gastos mínimos son de 1,2 billones, el doble”, afirmó.
En ese sentido, Torrenegra solicitó un monitoreo permanente, mes a mes, para hacer los ajustes correspondientes “y evitar que la salud de las personas más vulnerables no esté garantizada desde su financiación de lo no incluido en el Plan de Beneficios”.
Por su parte, Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), sostiene que también guarda varias preocupaciones. “La primera tiene que ver con la diferencia de asignación de recursos del régimen subsidiado frente al contributivo bajo la premisa de que hay un subregistro importante en el subsidiado dadas las fallas administrativas y financieras de los entes territoriales (encargados hasta ahora de cubrir estos recursos)”, opinó.
“La segunda tiene que ver con las barreras de atención que se pueden generar incluida la limitación a la autonomía médica dado que estos techos asignados pueden estar distorsionados e inducir a la no prescripción como un elemento coactivo por parte de quien maneja los recursos”, agrega Zuluaga.
Además, le genera inquietud que se le entreguen más recursos a las EPS que históricamente no han cumplido con la gestión adecuada de la UPC.
A su vez, Jaime Arias, ex ministro de Salud, asegura que es una medida en la dirección correcta en razón a que “los recobros distorsionaron el marco financiero del sector afectando a los prestadores, aseguradores y pacientes, además, de que fueron el principal factor de la crisis financiera actual”.
“Es bueno en la medida en que sea una medida transitoria en el objetivo de que el sistema garantice el pago completo del plan de beneficios en el marco del aseguramiento”, remata.
César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que integra a los especialistas del país, indica que los presupuestos máximos si bien garantizan la atención de todo el ciclo para los pacientes aun no queda claro si son un condicionante para la prescripción libre por parte de los médicos. “Los médicos no tendrían que ver afectada su autonomía para la libre formulación de tratamientos”, señala.
Finalmente, Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) privadas, comentó que aunque la medida "puede dar una liquidez transitoria a las EPS y a todo el sistema, no toca el fondo del problema, la demanda de medicamentos, dispositivos o intervenciones que no están en el Plan de Beneficios".
"Pareciera entonces que el PBS no es eficaz para tratar un número creciente de patologías y por eso debe acudirse a lo que está por fuera. Se debe vigilar que esta plata se use en lo que es, que se contraten redes que resuelvan y que se eviten las prácticas indebidas o las barreras de acceso a la población", aseguró.
Pero este “remedio” que presenta el Ministerio de Salud también ha causado polémica y opiniones divididas en el sector de la salud. Para Denis Silva, representante de Pacientes Colombia, se trata de una decisión regresiva en el goce del derecho a la salud en razón a que se le están entregando a las EPS 4 billones de pesos “sin control alguno y sin indicadores de salud pública que los respalde”.
"Lo bueno es que los vitales no disponibles, las compras centralizadas de medicamentos y los tratamientos para las enfermedades huérfanas serán asumidos directamente por la Adres, resaltó Silva."
Juan Gonzalo López, presidente de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia a EPS del régimen contributivo, asegura que el principal cuestionamiento a los presupuestos máximos se relaciona con la suficiencia de los recursos, pues dice que la metodología que los estableció ha sido cuestionada en el gremio.
A esto suma que se iniciaría una nueva etapa sin que hasta ahora se hayan pagado las grandes deudas que han dejado los recobros, que para el régimen contributivo serían de dos billones de pesos.
“Hoy la situación es compleja en términos de pagos y suficiencia de los recursos, factores que podrían desequilibrar fuertemente el aseguramiento. Esta medida genera incertidumbre”, dijo López.
Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud, el gremio de las EPS del régimen subsidiado, dejó ver su preocupación “porque las proyecciones de los presupuestos máximos se realizó con base en cifras del 2018, sin contar con las cifras completas del Mipres. Eso hace que los recursos destinados sean hoy de 600 mil millones de pesos para las aseguradoras del subsidiado cuando consideramos que los gastos mínimos son de 1,2 billones, el doble”, afirmó.
En ese sentido, Torrenegra solicitó un monitoreo permanente, mes a mes, para hacer los ajustes correspondientes “y evitar que la salud de las personas más vulnerables no esté garantizada desde su financiación de lo no incluido en el Plan de Beneficios”.
Por su parte, Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), sostiene que también guarda varias preocupaciones. “La primera tiene que ver con la diferencia de asignación de recursos del régimen subsidiado frente al contributivo bajo la premisa de que hay un subregistro importante en el subsidiado dadas las fallas administrativas y financieras de los entes territoriales (encargados hasta ahora de cubrir estos recursos)”, opinó.
“La segunda tiene que ver con las barreras de atención que se pueden generar incluida la limitación a la autonomía médica dado que estos techos asignados pueden estar distorsionados e inducir a la no prescripción como un elemento coactivo por parte de quien maneja los recursos”, agrega Zuluaga.
Además, le genera inquietud que se le entreguen más recursos a las EPS que históricamente no han cumplido con la gestión adecuada de la UPC.
A su vez, Jaime Arias, ex ministro de Salud, asegura que es una medida en la dirección correcta en razón a que “los recobros distorsionaron el marco financiero del sector afectando a los prestadores, aseguradores y pacientes, además, de que fueron el principal factor de la crisis financiera actual”.
“Es bueno en la medida en que sea una medida transitoria en el objetivo de que el sistema garantice el pago completo del plan de beneficios en el marco del aseguramiento”, remata.
César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que integra a los especialistas del país, indica que los presupuestos máximos si bien garantizan la atención de todo el ciclo para los pacientes aun no queda claro si son un condicionante para la prescripción libre por parte de los médicos. “Los médicos no tendrían que ver afectada su autonomía para la libre formulación de tratamientos”, señala.
Finalmente, Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) privadas, comentó que aunque la medida "puede dar una liquidez transitoria a las EPS y a todo el sistema, no toca el fondo del problema, la demanda de medicamentos, dispositivos o intervenciones que no están en el Plan de Beneficios".
"Pareciera entonces que el PBS no es eficaz para tratar un número creciente de patologías y por eso debe acudirse a lo que está por fuera. Se debe vigilar que esta plata se use en lo que es, que se contraten redes que resuelvan y que se eviten las prácticas indebidas o las barreras de acceso a la población", aseguró.
https://www.eltiempo.com/salud/polemica-por-fin-de-los-recobros-y-techos-maximos-en-no-plan-de-beneficios-de-salud-pbs-464020
